No es el primer caso. Abusando de las leyes de derechos de autor, la empresa española Ares Right, al servicio del Gobierno ecuatoriano y del partido oficial ha logrado que los canales de comunicación de Internet censuren ("den de baja", eufemísticamente) contenidos críticos sobre la actual administración alegando que vulneran "sus" derechos intelectuales, legales o morales.
El último incidente ocurrió el pasado el 10 de abril de 2014, cuando la cuenta de la tuitera Diana Amores (@Diana_Amores) fue suspendida de manera indefinida después de que Twitter recibió un reclamo por infracción de copyright. Ares Rights directamente pidió la suspensión de la cuenta de Amores “por utilizar el logo de su cliente” y por ser reincidente. La cyberactivista se ha declarado abiertamente crítica al Gobierno y cuenta que desde febrero de este año ha venido defendiéndose de al menos cuatro reclamos planteados por la firma domiciliada en una dirección fantasma de Barcelona, España, según lo reveló una investigación de la periodista Mónica Almeida publicada en Diario El Universo. De fantasma también se puede calificar la presencia de Ares Rights en redes sociales. Tiene 37 seguidores en Facebook y 49 en Twitter, bajo el lema de "No facturamos posibles, solo resultados". Por lo cual cabe preguntarse, ¿cuánto nos cuestan los resultados, léase censuras, de Ares Rights a los contribuyentes ecuatorianos.
Otro detalle importante: en la investigación de Mónica Almeida, también se establecieron los nexos entre Ares Rights y otra empresa de sugestivo nombre Illuminati Group, pero asentada en Argentina. Esta vez el contrato tiene el objeto de monitorear y tomar acciones en redes sociales con un costo de 5.2 millones de dólares.
Es decir, no estamos ante acciones aisladas. En la audiencia temática sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador, celebrada el pasado 28 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fundamedios denunció las acciones de censura de Ares Rights que pasa por las acciones para el retiro de Internet del documental “Rafael Correa: Retrato de un padre de la Patria”, dirigido por el periodista colombo-americano Santiago Villa, así como material audiovisual del portal EcuadorLibreRed, un documental sobre la zona minera de Intag del cineasta Pocho Álvarez y otros vídeos relacionados con el gobierno ecuatoriano. Según la investigación periodística ya citada, está empresa trabaja para los gobiernos de Ecuador, Argentina y México.
La última acción en contra de Diana Amores se origina en la publicación de la imagen de una carta abierta enviada por el presidente Rafael Correa a las bases de su movimiento antes de los últimos comicios seccionales. Dicha carta tenía el logo de Alianza PAIS. Simplemente, absurdo. En adelante si quiere citar o mostrar un documento del partido de Gobierno tiene que mutilarlo para sacarle el logo. Un abuso completo.
Antes, el 14 de febrero de este año, la tuitera denunció ser víctima de censura en la red social tras la eliminación de dos fotografías,referentes a candidatos aliados al oficialismo, contenidas en sus ‘tuits’. Así también ocurrió tras la publicación de un gráfico del personaje de caricatura Condorito con una camiseta del color del movimiento oficialista y su logo, en tono jocoso, a propósito de la polémica que se armó en redes por el anuncio de que el Estado invertiría en la compra de revistas del conocido cómic.
Amores a enviado contundentes respuestas a Twitter sobre los reclamos de Ares Rights, respaldándose en el concepto del fair use, el cual permite utilizar imágenes con copyright siempre y cuando sean para publicaciones sin fines de lucro, la parodia, el comentario, o la discusión. Esta vez e insistiendo en su argumento, ha pedido a Twitter que restablezca su cuenta, la cual fue restablecida luego de 24 horas. Pero, de forma condicionada. El episodio también nos deja profundas dudas sobre el verdadero compromiso de Twitter en la defensa de la libertad de expresión.
Estos casos no son menores. Constituyen verdaderos hechos de apropiación de un bien público como constituye la información pública, ahora privatizada a favor de un partido político, dispuesto, además a abusar de su control absoluto de todos los poderes.
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