Ares Rights, el censor

No es el primer caso. Abusando de las leyes de derechos de autor, la empresa española Ares Right, al servicio del Gobierno ecuatoriano y del partido oficial ha logrado que los canales de comunicación de Internet censuren ("den de baja", eufemísticamente) contenidos críticos sobre la actual administración alegando que vulneran "sus" derechos intelectuales, legales o morales.

El último incidente ocurrió el pasado el 10 de abril de 2014, cuando la cuenta de la tuitera Diana Amores (@Diana_Amores) fue suspendida de manera indefinida después de que Twitter recibió un reclamo por infracción de copyright. Ares Rights directamente pidió la suspensión de la cuenta de Amores “por utilizar el logo de su cliente” y por ser reincidente. La cyberactivista se ha declarado abiertamente crítica al Gobierno y cuenta que desde febrero de este año ha venido defendiéndose de al menos cuatro reclamos planteados por la firma domiciliada en una dirección fantasma de Barcelona, España, según lo reveló una investigación de la periodista Mónica Almeida publicada en Diario El Universo. De fantasma también se puede calificar la presencia de Ares Rights en redes sociales. Tiene 37 seguidores en Facebook y 49 en Twitter, bajo el lema de "No facturamos posibles, solo resultados". Por lo cual cabe preguntarse, ¿cuánto nos cuestan los resultados, léase censuras, de Ares Rights a los contribuyentes ecuatorianos.

Otro detalle importante: en la investigación de Mónica Almeida, también se establecieron los nexos entre Ares Rights y otra empresa de sugestivo nombre Illuminati Group, pero asentada en Argentina. Esta vez el contrato tiene el objeto de monitorear y tomar acciones en redes sociales con un costo de 5.2 millones de dólares.

Es decir, no estamos ante acciones aisladas. En la audiencia temática sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador, celebrada el pasado 28 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fundamedios denunció las acciones de censura de Ares Rights que pasa por las acciones para el retiro de Internet del documental “Rafael Correa: Retrato de un padre de la Patria”, dirigido por el periodista colombo-americano Santiago Villa, así como material audiovisual del portal EcuadorLibreRed, un documental sobre la zona minera de Intag del cineasta Pocho Álvarez y otros vídeos relacionados con el gobierno ecuatoriano. Según la investigación periodística ya citada, está empresa trabaja para los gobiernos de Ecuador, Argentina y México.

La última acción en contra de Diana Amores se origina en la publicación de la imagen de una carta abierta enviada por el presidente Rafael Correa a las bases de su movimiento antes de los últimos comicios seccionales. Dicha carta tenía el logo de Alianza PAIS. Simplemente, absurdo. En adelante si quiere citar o mostrar un documento del partido de Gobierno tiene que mutilarlo para sacarle el logo. Un abuso completo.

Antes, el 14 de febrero de este año, la tuitera denunció ser víctima de censura en la red social tras la eliminación de dos fotografías,referentes a candidatos aliados al oficialismo, contenidas en sus ‘tuits’. Así también ocurrió tras la publicación de un gráfico del personaje de caricatura Condorito con una camiseta del color del movimiento oficialista y su logo, en tono jocoso, a propósito de la polémica que se armó en redes por el anuncio de que el Estado invertiría en la compra de revistas del conocido cómic.

Amores a enviado contundentes respuestas a Twitter sobre los reclamos de Ares Rights, respaldándose en el concepto del fair use, el cual permite utilizar imágenes con copyright siempre y cuando sean para publicaciones sin fines de lucro, la parodia, el comentario, o la discusión. Esta vez e insistiendo en su argumento, ha pedido a Twitter que restablezca su cuenta, la cual fue restablecida luego de 24 horas. Pero, de forma condicionada. El episodio también nos deja profundas dudas sobre el verdadero compromiso de Twitter en la defensa de la libertad de expresión.

Estos casos no son menores. Constituyen verdaderos hechos de apropiación de un bien público como constituye la información pública, ahora privatizada a favor de un partido político, dispuesto, además a abusar de su control absoluto de todos los poderes.

La moral revolucionaria

Que no quepa duda: las vertientes son estalinistas y nada parecido a reivindicación avanzada de derechos. Al fin y al cabo, bajo la óptica “revolucionaria” el Estado no solo es sujeto de derechos humanos, sino que además es el tutor de los derechos de los  demás. Exactamente así es como ha actuado, la asambleísta del partido oficial, Soledad Buendía. Sin que nadie lo haya pedido, se atribuyó la representación de la modelo Claudia Hurtado o, aún peor, de las mujeres supuestamente ofendidas por las fotos de modelos con poca ropa que aparecen en los Lunes Sexy de Diario Extra y las “gentiles” frases que suelen acompañarlas.

El camino al infierno está cargado de buenas intenciones.  En los hechos, la asambleísta Buendía con su acción no reivindica, maltrata a la modelo Claudia Hurtado. Se atribuye una especie de patria potestad y bajo esa consideración lanza un mensaje con su demanda: no pueden trabajar mostrando su cuerpo en un tabloide. Eso es denigrante y vamos a someterlas a la tutela del Estado… Está visto que ustedes, modelos, no pueden decidir sobre sus cuerpos solas.

Y está intervención en los cuerpos, no es la primera. Lo mismo sucedió con la criminalización del aborto en casos de violación.

Buendía quiere salvar a Claudia de los supuestos de violencia y morbo de la prensa privada y la somete a la violencia del Estado que es mayor y más opresora bajo la figura de una ilegítima Superintendencia de última hora liderada por un odiador de todo lo que huela a prensa privada e independiente. 

La modelo profesional -orgullosa de serlo- ha dicho claramente: "¡Me siento honrada de aparecer en la portada de Extra!” Soy libre de trabajar con quien quiera. Me gusta mi cuerpo, me gusta mostrarlo y quiero seguir apareciendo.

En realidad, la asambleísta Buendía coloniza el cuerpo de otra mujer (triste final para una feminista), actúa bajo los viejos parámetros del Estado patriarcal que le dice a las mujeres qué pueden hacer con su cuerpo y qué no. 

Lo dicho: moral revolucionaria con fuerte olor a naftalina estalinista. Pero hay más en este caso, absolutamente impresentable.  El titular de la ilegítima  Superintendencia   se extralimita en unas funciones, que ya de por si son cuestionables, y castiga a Diario Extra por su línea editorial. Porque, en buen romance, eso significa la sanción en contra del tabloide.

Puede ser que no nos guste  como lectores el sensacionalismo. Puede ser que como ciudadanos, critiquemos  también ciertos contenidos periodísticos. Sin embargo, de aquello  a pensar que el Estado y sus agentes tienen derecho a imponer líneas editoriales y a castigar si no les gusta algún medio, es haber cruzado definitivamente la línea hacia una prensa bajo censura.

¿Demorado? 

 20/Marzo/2014

David Mármol es un obrero. No viste lujosos trajes. Ni siquiera lleva celular y menos algún ostentoso “Smartphone”. Un humilde obrero que recogía firmas para que se de paso a la consulta popular con el fin de que no se explote el petróleo al interior en el bloque ITT que está dentro del Parque Nacional Yasuní. 

David Mármol estaba en el sector de San Blas a las 2:30 del pasado viernes cuando pasó la caravana presidencial. Quiso expresar su rechazo a la política extractivista del Gobierno y a la doble moral del Régimen e hizo un gesto con su pulgar hacia abajo. Correa no lo vio. Sus escoltas, sí. Y procedieron como se han acostumbrado a hacerlo durante todos estos años: castigando duramente la “falta de respeto” del osado que expresa su repudio o descontento. 

En el caso de Mármol, los integrantes de la guardia presidencial procedieron a detener ilegalmente a Mármol, aunque ahora a ese acto ilegal, abusivo y represivo llaman simplemente “demorar”. Al obrero y activista se lo llevaron al Ecu 911 en el Itchimbía, el cual en su corta vida, ya tiene un interesante récord como un nuevo centro de represión. Recordemos que allí funcionarios de Gobierno agredieron a un periodista de Diario La Hora. Recordemos que también por allí, cerca, se dio otro famoso incidente con la caravana presidencial, y el cantautor rebelde Jaime Guevara. Dos horas lo “demoraron” a Mármol en el Itchimbia. El jefe de la Guardia Presidencial, Luis Castro ha señalado que estaban determinando la peligrosidad del individuo. Tal procedimiento incluyó amenazas y presiones para que Mármol confesara el delito más grave que se puede cometer actualmente en el país: que había insultado al Presidente. Cuya dignidad, honra y majestad parece que es el bien supremo de la Nación. 

 David Mármol dice que nunca insultó al Presidente. Pero aún si lo hubiera hecho, no se puede arrojar todo el poder del Estado sobre un ciudadano porque un mandatario se sienta ofendido. Es más: la diferencia entre una república y una monarquía es que en la primeras tenemos el derecho a la crítica al Presidente de la República. Sin embargo, las cosas no quedan allí. Por alguna exótica razón, entre los abusivos captores de Mármol, estuvo un periodista de El Ciudadano, el conjunto de medios oficiales. Es más el periodista lo confiesa tan orondo durante la rueda de prensa. Eso sí. Cuando le preguntan sobre cómo sabían los medios oficiales de la captura de David Mármol. Con más cara dura aún, dice: “Yo estoy aquí para preguntar no para responder preguntas”. Mármol fue trasladado a la UPC del sector de La Basílica. Allí fue interrogado sin abogado ni ninguna formalidad legal por un funcionario cuya identidad desconocemos. Cuando al final fue liberado, camino unos pasos y desde atrás, lo golpearon hasta que cayó al suelo, dónde prosiguió la paliza. Pero el inefable periodista oficial, vuelve y pregunta: ¿… se dice en redes sociales que es un autoatentado que tal vez usted se hizo golpear?