El martes 09 de octubre, a las 14:00, en la Corte Provincial de Pichincha se realizó la audiencia pública dentro del proceso de apelación que presentaron la Clínica de DDHH de la Universidad Católica en conjunto con Fundamedios en la Acción de protección Constitucional que se pidió frente de la política presidencial de prohibir la asistencia de los ministros a los medios privados que el Presidente descalifica como "mercantilistas".
El Dr. Santiago Guarderas acompañado del Dr. David Romero presentaron sólidos argumentos constitucionales y legales para demostrar:
Que la orden presidencial viola la Constitución y los Tratados Internacionales de DDHH, en lo que tiene que ver con la libre expresión del pensamiento, el acceso a la información y el principio de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Que la orden presidencial es una política pública y no una "alocución" como graciosamente llamó un juez menor a la orden presidencial a los ministros de Estado.
De parte de la Presidencia y la Procuraduría, que actuaron en conjunto, estuvo el subsecretario jurídico de la Presidencia, Dr. Vicente Peralta y su estrategia fue la habitual: tratar de deslegitimar a quienes pedimos la protección de nuestros derechos. ¿Sus argumentos?
1. Mi nombramiento como director de Fundamedios ha caducado y por lo tanto no puedo actuar en nombre de esa institución.
2. Atribuirnos "intenciones políticas" e incluso electorales.
Es decir, más de lo mismo: Tratar de desligitimar al mensajero, para no tener que responder sobre el mensaje. Con respecto a lo primero, hay que decir que es simplemente cínico decir que mi nombramiento ha caducado y que no se ha renovado legalmente la directiva, cuando en el Ministerio de Inclusión Social, por varios meses han bloqueado la inscripción legal de los nuevos socios, con lo cual no se podía llamar a Asamblea General. Pero, además, sutilmente, funcionarios del MIES han hecho saber que verían muy mal una posible reelección como Director Ejecutivo. En definitiva, quieren deshacerse de Ricaurte, como sea.
Viene un detalle muy significativo: Los abogados de Fundamedios (los verdaderos, no los que se inventa El Telégrafo), introdujeron en el MIES el documento con la nueva directiva a las 12:30 del martes. Apenas una hora más tarde, una copia del mismo estaba en la manos del abogado de la Presidencia, Vicente Peralta, quien lo blandía sin ningún recato. Es decir, la Presidencia mueve todos sus hilos para que cualquier documento relacionado a Fundamedios vaya directo allá, sin ninguna escala.
Respecto a las pretensiones electorales, en el Gobierno pueden respirar tranquilos. Nadie en Fundamedios va a dar el salto a la política ni a competir a ningún cargo. Si, en algún momento intentan cerrar Fundamedios, continuaremos la lucha de otras formas.
De regreso a la audiencia, lo cierto es que si en la justicia ecuatoriana prevalecieran los argumentos jurídicos, por sobre las amenazas y presiones del poder no habría ninguna duda en que el fallo acogería la acción de protección para precautelar derechos esenciales.
Porque las presiones son inmensas y hasta públicas. Solo 24 horas después de la audiencias el gobierno ordena la emisión de una cadena con nuevas acusaciones difamatorias en contra de Fundamedios y en contra mía, de forma personal. Así actúa el Estado contra las personas, por el solo delito de pensar distinto.
